La inseguridad: causas, efectos no deseados, algunas propuestas

En Argentina, la falta de seguridad no es una sensación, sino una realidad alarmante producto del efectivo aumento del delito, de la ausencia de políticas por parte el Estado y de la desconfianza social en los sistemas judicial, policial y penitenciario.
La violencia en la que vivimos responde a múltiples factores que deben ser abordados.

Nos sitúa en el estado de naturaleza hobbesiano, una ficción que en el siglo XVII justificó la existencia del Estado para asegurar la defensa común de quienes estaban permanentemente en peligro de muerte, regidos por la fuerza.
Entre los factores relacionados con su aumento se encuentran la anomia, pobreza, desocupación, la existencia de fuerzas policiales desacreditadas, la impunidad, el narcotráfico, la corrupción.
Estudios de algunas organizaciones demuestran que el delito ha aumentado mucho en los últimos años. También ha aumentado la gravedad de los hechos cometidos, y ha bajado la edad de las personas que delinquen.
Según informó la Procuración de la Suprema Corte bonaerense, el índice de hechos ocurridos en la provincia de Buenos Aires aumentó en estos meses de 2009, un 15,5% en comparación con el mismo período de 2008. Y dentro de ese aumento, el 35% lo representan los delitos graves.

En pocos meses, ha crecido la violencia cuantitativa y cualitativamente y si no se toman medidas la tendencia va a continuar.
Hoy se hace hincapié en las “cifras negras del delito”, los altos niveles de reincidencia -que muestran patentemente que la pena no está cumpliendo sus fines- y el hecho de que apenas el 2,7 por ciento de los delitos recibe sentencia condenatoria.
Sin duda, la performance de los tres poderes del Estado, de las fuerzas policiales y del Servicio Penitenciario está siendo muy baja.
La expresión “cifras negras del delito” implica reconocer que, más allá de considerar el aumento del nivel de delincuencia mediante la exposición de algunas estadísticas-, éstas reflejan apenas un tercio de la realidad. La gran mayoría de los hechos delictivos no son denunciados, o no son registrados.
Hace tres años, un informe del Centro de Estudios Nueva Mayoría reveló que en los últimos 10 años el volumen de delitos había crecido en Argentina el 70 por ciento mientras que la población sobre la que impactaban sólo había aumentado el 10 por ciento.
Y señaló como los cambios más evidentes la mayor violencia contra grupos vulnerables como los ancianos, la creciente presencia de menores que delinquen, la penetración del crimen organizado en general y del narcotráfico en particular, y la mutación de ciertas modalidades -hoy, en situaciones comunes como un robo o un hurto, es posible perder la vida o ser secuestrado-.
La inseguridad viene acompañada de otros fenómenos negativos, que yo entiendo son grandes desórdenes. En un caso se trata de desorden social y me refiero a los episodios de autodefensa que superan los límites de la legítima defensa y son actos de justicia por mano propia. Los ciudadanos se sienten abandonados por el Estado y actúan como en el estado de naturaleza hobbesiano, a veces sin sentido de la proporción entre la amenaza sufrida y la respuesta que dan.
Episodios del mismo tipo, con alarmante nivel de desproporción se dan en la Venezuela de Chavez, asediada por la inseguridad.
Otro gran desorden es de tipo institucional y ha sido permanente durante este Gobierno.

El bombardeo mediático por parte del gobierno bonaerense, cuando a principios de mes criticó fallos de jueces y fiscales, en vez de usar las vías constitucionales que permiten revisarlos, es una muestra de ese desorden. También lo son ciertas declaraciones mediáticas de miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El desorden, la falta de independencia de los poderes, la falta de ejemplariedad en rangos de responsabilidad jurídica tan altos, dañan el sistema institucional.
Una propuesta legislativa destinada a atacar uno de los principales factores causantes del aumento del delito –la impunidad- es aquella presentada recientemente en la Cámara de Diputados en relación al régimen de reincidencia.
Se propone revisar lo sancionado por ley 23.057/84, que modificó entre otros el artículo 50 CP relativo a la reincidencia. La cambió drásticamente, en la práctica implicó su inexistencia. Restablecer el sistema de reincidencia ficta en Argentina, significaría considerar reincidente a quien ha sido condenado por sentencia firme a una pena privativa de la libertad, y no a quien la hubiera cumplido total o parcialmente.
Algunas reformas penales de los últimos años no han tenido casi fundamentación por parte de los legisladores. Se ha tratado de decisiones políticas que sólo han llevado a mayor impunidad.
La reincidencia, o sea el mayor castigo para aquellos que vuelven a delinquir, debe ser nuevamente puesta en funcionamiento.
Si hoy en Argentina sólo el 2,7 por ciento de los delitos recibe sentencia condenatoria, mucho menor es la proporción de quienes son declarados reincidentes, ya que para ello deben haber cumplido total o parcialmente la pena que les fue impuesta.
La contracara de esta propuesta legislativa es igual o más importante que todo lo que se requiere legislativa y judicialmente para frenar la inseguridad: buscar urgente solución a la situación que se vive en las cárceles e institutos, adoptando medidas que garanticen el cumplimiento de las normas y tratados que se refieren al sistema carcelario, la resocialización, el proceso de salida de los internos.

El fenomeno Chávez y mucho para observar desde Argentina

Publicado en la Revista de las Sociedades Rurales región NO bonaerense, Marzo 2009. Y en La Opinión de Trenque Lauquen, domingo 15 Marzo 2009.

Hugo Chávez fue electo Presidente de Venezuela en 1998 y reelecto posteriormente gracias a una reforma constitucional que impulso al llegar al poder, y manipulaciones permanentes del sistema institucional.

Dado que el plazo maximo posible para ejercer su mandato expiraria en 2012 -y tras realizarse un referendum en diciembre pasado en que resulto derrotado- hace dos semanas volvio a convocar a una consulta para posibilitar su reeleccion indefinida, o Presidencia vitalicia.
Como el período presidencial en Venezuela es de siete años, en 2019 al finalizar el mandato de 2012-2019 que ya pretende, Chávez llevaría veinte años en el poder. A ellos quiere sumar otra serie de siete años en 2019 y así sucesivamente hasta el día de su muerte.
La reciente enmienda constitucional le permitirá postularse nuevamente al cargo en 2012. Se aprobó con 6.003.594 de votos (54,36%). Votaron en contra 5.040.082 ciudadanos (45,63%).
La campaña estuvo polarizada en la falsa opcion "Chavez si-Chavez no", con todo lo que eso implica a una decision de reforma constitucional. El desembolso de fondos provenientes del petróleo para financiar el clientelismo politico ha sido un elemento de continuidad. Y como señala la oposición, lo que se produjo hace dos semanas es un fraude masivo: " Todo el sistema electoral venezolano es fraudulento. De los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral, cuatro son chavistas, y el quinto simula ser neutral. Las máquinas electrónicas de votación son manipulables. El sistema de captahuellas es anticonstitucional. Y el Registro Electoral está absolutamente viciado".
El fenomeno Chavez de reeleccion vitalicia es unico por el momento en las llamadas democracias de America Latina. Pero los gobiernos de Ecuador y Bolivia intentaron experimentos de reeleccion en Septiembre y Enero. Y el de Nicaragua planea hacerlo en breve.
Venezuela encuentra en los Kirchner amigos cercanos, aunque sus socios predilectos son los Castro en Cuba.
El Gobierno de Chavez es el principal socio comercial de Cuba, a quien suministra 92.000 barriles diarios de petróleo con facilidad de pago y donde desarrolla importantes proyectos, como un polo petroquímico.
Todos los diagnosticos sobre la situacion interna de Venezuela nos llevan a muchas preguntas sobre su retroceso. Qué ha permitido el surgimiento de semejante populismo, hoy llamado “dictadura” chavista?
Hay elementos de la realidad de ese pais que son innegables.
En primer lugar, una enorme disociacion entre el lider y la realidad del pais que quiere comandar eternamente.
Relacionado con lo anterior, llama la atencion la trivialidad con la que Chavez ejerce el poder. Juega con los graves problemas que padece la gente.
Venezuela enfrenta una inflacion galopante, cifras de inseguridad que la ubican entre los paises mas inseguros del planeta, lider en numero de secuestros y muertes violentas. Y cifras de pobreza en el mismo sentido.
Y con el factor central de la economia venezolana, el precio del barril de petroleo, bajando a 35 dolares desde su maximo historico en 147 dolares (Julio 2008).
En relacion a la inseguridad, cabe señalar dos episodios mas o menos recientes: el linchamiento de un presunto violador, que reflejo el estremecimiento de una comunidad que recurrió a su propia justicia ante la ausencia total del Estado. El delincuente fue abaleado, golpeado, incendiado y vuelto a incendiar, mientras niños y mujeres lanzaban objetos contundentes contra su cuerpo, deformado por la tea.
Y la reciente expulsion de Venezuela del eurodiputado español Herrero, en una situacion parecida a un secuestro por parte de policias chavistas.
Sin duda el gran retroceso para ese pais ha sido la violacion permanente de su Constitucion. En algun momento pensamos que el constitucionalismo era una conquista segura, del pasado. Hoy peligran las Cartas Magnas de muchos paises de America Latina, y siempre en relacion a los limites al ejercicio del poder y a las libertades individuales.
Desde un plano formal, se dice que el 15 de Febrero se ejecutó en Venezuela un golpe de Estado. La Carta Magna prohíbe realizar dos veces una misma consulta dentro de un mismo período constitucional. El 2 de diciembre de 2007 los venezolanos habian dicho NO a la reelección, pero Chavez convoco nuevamente a un referendum y anuncio que lo haria tantas veces como fuera necesario para conseguir su objetivo.
El 15 de Febrero Chávez anunció públicamente su intención de permanecer en el poder indefinidamente. Esa perpetuacion es violatoria de los preceptos democráticos. Se puede afirmar que ese dia comenzó oficialmente una dictadura en Venezuela.
Otro elemento evidente es la disociacion entre el poder y la etica. Unos pocos limites eticos podrian frenar tanta ceguera y atolondramiento.
Hoy no hay en Venezuela frenos a la mentira y al fraude. Chavez ha venido demostrando que no solo no esta preparado tecnicamente para dirigir esa Nacion, sino que no tiene un nivel minimo de etica que haga pensar en el como un lider, conductor. Basta mirar la realidad, las cifras de inseguridad y pobreza, para saber que a nada bueno ha llevado la presunta “Revolucion Bolivariana” que desea sostener por quien sabe cuántos años mas.

Panorama de la niñez argentina

Publicado en La Opinión de Trenque Lauquen, domingo 4 de Enero 2009.
Y en la Revista de las Sociedades Rurales región NO bonaerense, Enero 2009.

Durante el año que acaba de terminar y por momentos, la problemática social de la minoridad estuvo muy presente en los medios de comunicación. Se trata de un tema que todos conocemos, vivimos, palpamos.

La realidad de la inseguridad se vincula con un número creciente de menores de edad que delinquen, inducidos -en muchos casos reclutados y organizados- por mayores.
La situación es tan grave y preocupante que para muchos resulta difícil imaginarse soluciones, planes, programas de eficacia comprobable.
Buena parte de la sociedad argentina ha claudicado psicológicamente ante el drama que vive cierta franja de nuestra niñez y juventud. Por diversos motivos, ha aumentado la cantidad de adolescentes sin horizonte.
Hace poco, conmocionó a la sociedad el asesinato del ingeniero Barrenechea en San Isidro por parte de adolescentes. Entre los presuntos autores del hecho se encuentra Kitu de 16 años, vinculado a decenas de asaltos y otros homicidios. Su madre fue apresada cuando se encontraba en un auto, a dos cuadras del lugar donde su hijo cometía un asalto.
El mes pasado murieron dos menores en un instituto de régimen cerrado de La Matanza, que no contaba con personal médico y profesional para atender emergencias. Un hecho que nos recordó la realidad de los institutos de menores en Argentina.
Por último, relatos sobre el reclutamiento de jóvenes en las villas, la coerción ejercida sobre ellos para delinquir, la esclavitud del paco, inundaron por rachas los informes periodísticos de este año.
Algunos números
Se calcula que en la Provincia de Buenos Aires están privados de libertad 700 jóvenes menores de 16 años, acusados de distintos delitos. En los últimos 7 años, los casos de menores imputados en delitos aumentaron 27%. Esto significa la apertura de 81 causas judiciales por día.
Un estudio presentado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Universidad Tres de Febrero y UNICEF revela que de 1800 menores encerrados en institutos en todo el país, el 38% esta acusado de robo sin armas, el 32% de robo con armas, el 15% de homicidio, el 5% violación a la ley de estupefacientes.
A su vez, según datos de la Corte Suprema bonaerense, en 2007 cayó significativamente la cantidad de procesos. Pasaron de 89.200 a 52.100, lejos del millón de delitos que según el jefe de Policía bonaerense, se dan en este territorio.
El número de menores que delinquen han aumentado, la gravedad de los hechos que cometen ha aumentado, la sensación de que tras ser detenidos salen por la puerta giratoria para seguir delinquiendo, es generalizada.
Por otra parte, el número de niños y jóvenes en estado de abandono material y moral -situación de calle- ha aumentado. La desnutrición, la falta de acceso a los servicios de asistencia primaria de Salud, el suicidio infanto – juvenil han aumentado.
Podemos hablar de un estado de desprotección general de ese, nuestro principal capital social: la niñez y adolescencia.
Y podemos analizar la problemática considerando al menos dos grupos.
Por un lado están los niños que carecen de una familia que los contenga en su desarrollo, cuyo abandono material y moral los transforma rápidamente en “chicos de la calle” expuestos al delito y la muerte.
Por otro lado, un número creciente de adolescentes que a pesar de tener un núcleo familiar que los contiene, por diversas razones entran cada vez más temprano en el alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo, el juego. En una vida sin rumbo que los autotransforma en discapacitados, teniendo sus familias que dedicarles luego grandes esfuerzos.
Los debates de siempre
El mes pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación frenó la liberación automática de 60 menores de 16 años que estaban alojados en un instituto porteño, dispuesta por la Cámara de Casación Penal tras declarar inconstitucional la ley de menores 22278.
La discusión en torno de esta norma es recurrente y no ha sido resuelta adecuadamente.
Su adecuación a los tratados internacionales de los que Argentina es parte es una vieja deuda. También lo es el debido tratamiento en torno de la baja en la edad de imputabilidad, la disposición de políticas de reintegración social de menores en situación de riesgo, la política carcelaria general.
Todo esto debería ser abordado conjuntamente desde el Estado en sus tres poderes de gobierno, y desde la sociedad civil.

Desde otro ángulo aparece otra realidad que conocemos y sobre la que no profundizamos: los antivalores que transmite a la niñez la televisión argentina.
¿Cuándo va a plasmarse en la realidad un verdadero contralor de los contenidos televisivos?

Otro problema que no se afronta con seriedad es el de la venta clandestina de alcohol a menores de edad.

La familia
Gran parte de la respuesta a los problemas de la niñez está en la familia, la primera forma de sociedad, célula educadora y socializante.
Hacia ella debe mirar el Estado, buscar fortalecerla y actuar en consonancia con sus necesidades. Fortalecer la familia es hoy una política de Estado de todos los países avanzados.
En segundo lugar, el propio Estado es responsable de la implementación de políticas públicas eficaces, siendo la niñez y juventud una franja social de importancia central. En tercer lugar está el tercer sector, conformado por miles de organizaciones no gubernamentales que desde distintos ángulos hacen su aporte en relación a la niñez argentina. Tiene un accionar en muchos casos admirable y nunca suficientemente reconocido.
Todo programa de gobierno debería contener una propuesta integral a esta problemática, contemplada desde todos los ángulos que hoy exige la realidad. A veces pareciera que sólo la contratara feroz de la inseguridad pudiera hacernos reflexionar sobre su situación.

La reinserción de los que recuperan la libertad

Publicado en Revista de las Sociedades Rurales región NO bonaerense, Septiembre 2008.

El derecho a trabajar es un derecho humano fundamental. También lo es el derecho a vivir en un ámbito donde la seguridad personal esté garantizada. Ambos derechos son dos caras de una misma moneda y sus niveles de vulneración son un drama social en nuestro país.
Por un lado, el flagelo del desempleo y la proliferación de empleos de baja calidad. Por el otro, la amenaza constante de la inseguridad.
Argentina posee un marco normativo que la obliga más que suficientemente a dar respuesta al desempleo. La ley 24.013 declara que su objeto es “hacer operativo el derecho constitucional a trabajar”. Y muchos tratados internacionales obligan a atender lo mismo.
Existe una situación de gran vulnerabilidad laboral en sectores sociales específicos, que afecta en primer lugar a las personas involucradas, y en segundo lugar a toda la sociedad, porque alimenta el circuito del delito y la inseguridad.
Las legislaciones laborales del mundo indican como sectores sociales vulnerables a los discapacitados y los ex reclusos, y en particular al segundo grupo, porque enfrenta grandes problemas de aceptación social.
En Argentina y en el mundo, el Estado y el tercer sector tienen un rol fundamental en relación a este déficit difícil de resolver: el desempleo de quienes recuperan la libertad luego de haber cumplido una condena privativa de la libertad.
En nuestro país no existen mecanismos que brinden a los ex reclusos oportunidades de reinserción social. Muchos factores los alientan a recaer en el delito.
La urgencia de tener una ocupación digna en la cual volcar la propia personalidad es mayor para quienes han salido de prisión.
La información sobre la situación carcelaria y post carcelaria es escasa e incierta.
El último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) del Servicio Penitenciario Federal es de 2006. Indica que el 33 por ciento de los presos de las cárceles federales con condena firme es reincidente.
¿Cómo es la vida de los liberados? El 22% no es recibido por su familia al salir de prisión y el 47% es recibido por un entorno familiar negativo.
El 40% no tiene trabajo y del el 46% que está empleado, la amplia mayoría trabaja en la informalidad y tiene impedimentos legales para trabajar en el Estado. Entre los reincidentes, menos del 20% trabaja.
El trabajo inestable, el subempleo y el desempleo son circunstancias que afectan al individuo y a su familia, deterioran la calidad de vida, empujan a problemas psíquicos y adicciones.
El “síndrome de prisión” aparece cuando se recupera la libertad: la condición de ex presos les impedirá que sean contratados laboralmente. Llevan el estigma del condenado. Y si no tienen dónde ni de qué vivir, quedan al borde del delito. Esas personas deben aprender a resignificar el sentido del trabajo, adquirir hábitos, conductas socializantes.
Para todo ello hace falta un accionar estatal directamente enfocado a cubrir esa necesidad, complementado con la solidaridad de la sociedad civil, la cual el Estado puede incentivar.

¿Cómo enfrentan esta problemática otros países?
España, consciente de la importancia del período posterior a la recuperación de la libertad por parte de los condenados, ha implementado con éxito el Servicio de Acompañamiento para la Inserción Laboral, dependiente del Ministerio del Interior. Funciona en ciudades con cárceles grandes. Las empresas indican qué perfiles laborales necesitan y el Servicio los busca, insertando al mercado de trabajo a personas que salen de la cárcel.
Las PYMES que contratan ex reclusos cuentan con una deducción en la cuota de la Seguridad Social. Se alienta la participación de entidades sin fines de lucro en estos procesos.
El hincapié del sistema español está en el acompañamiento y seguimiento de los beneficiarios y empresas en los primeros meses de relación laboral. Y en la sensibilización social, especialmente en la sensibilización del entramado empresarial local, clave para el buen desarrollo del programa.
Los informes indican que casi todos los ex reclusos que participaron empezaron a trabajar y ninguno ha vuelto a delinquir.
Uruguay, ante cifras oficiales de reincidencia en el delito del 50%, creó el año pasado un proyecto que contempla el apoyo por parte del Patronato de Encarcelados y Liberados hacia ex presos, desde antes de salir de la cárcel. Y establece que las empresas que obtengan contratos de obras públicas por parte del Estado deberán contratar al 5% de su personal de la bolsa de trabajo del Patronato.
En nuestro país, la ausencia de políticas públicas en la materia ha sido una constante durante mucho tiempo.
Hace dos meses, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció la puesta en marcha un sistema de capacitación y reinserción laboral para que los ex presos accedan a planes por los cuales el Estado financiaría durante seis meses una parte del salario y se haría cargo de la cobertura de la ART.
Lo cierto es que como en el caso español y el uruguayo, el Estado nacional debería enfrentar un problema que es grave. En primer lugar, reconociendo que existe, realizando y dando a conocer informes completos sobre la situación carcelaria y de los liberados. Luego, mediante unos pocos incentivos, el Estado podría ayudar a generar redes de ayuda social como las que se han creado en otros países: la cooperación entre el tercer sector y dependencias estatales (Patronatos de Liberados), la capacitación y reinserción laboral de ex condenados en empresas privadas y organismos de la Administración Pública.
Está todo por hacer.

Reforma tributaria injusta

Por Eloisa Casarini

A pocos días de que celebráramos la derrota parlamentaria del proyecto que intentaba ratificar por ley la Resolución ministerial 125/2008 de retenciones confiscatorias –la cual, de seguir aplicándose hubiera afectado enormemente al interior- los bonaerenses nos encontramos con una reforma impositiva injusta y recesiva.
El proyecto de ley ingresó al Legislativo provincial el 11/07/08 bajo el expte PE 5-08/09 y se aprobó trece días más tarde sin haberse realizado consulta alguna a los sectores productivos, sin debate, en un contexto de crisis generalizada.
La reforma prevé gravar a unas 1300 industrias que hasta ahora estaban exentas de Ingresos Brutos y que pagarán el 1% de su facturación. Esta extensión de la base imponible se aplicará a las empresas que facturen más de sesenta millones de pesos por año. Además, unas 50.000 industrias que fabrican en otras provincias y venden en la de Buenos Aires tributarán el 3%, en lugar del 1,5% que pagaban hasta ahora.
Por pedido de los intendentes, la alícuota de IB que pagan las empresas recolectoras de residuos bajará del actual 3,5% al 1%. Los bingos verán incrementada la alícuota de IB desde el actual 3,5% al 6 por ciento.
Finalmente, son 1500 las grandes empresas comerciales que pagaban el 3% de tasa de Ingresos Brutos y ahora abonarán el 4,5%.
Los intereses del Gobierno provincial y los de los bonaerenses parecen correr por carriles separados. El interior de la Provincia enfrenta una caída de la actividad comercial e industrial en por lo menos un 50% respecto de la situación anterior al conflicto nacional iniciado el 11 de Marzo. Se vive una situación de alta morosidad, la cadena de pagos está cortada, han aumentado el desempleo y la pobreza.
Por su parte, el Fisco provincial presenta urgentes necesidades de financiamiento, y la reciente reforma le permitirá recaudar 2200 millones de pesos al año.
La norma recibió fuertes críticas públicas desde muchos sectores: la Unión Industrial de la Provincia, el Colegio de Abogados de la Provincia, la Cámara de Construcción, las Cámaras de Comercio, la Asoc. de Concesionarios Automotores de la República Argentina.
Todos ellos coinciden en denominar a la reforma un impuestazo que afectará la competitividad de las empresas y agravará la inflación. Afectará a todos los sectores, porque la presión tributaria se trasladará necesariamente a la gente. El incremento de los impuestos será trasladado desde los sectores mayoristas hacia los comercios minoristas. Se trata de un tributo regresivo y desigualitario, no sólo porque existen diferentes alícuotas en función a la actividad, sino porque es de efecto piramidal.
Es muy cuestionable que los bonaerenses debamos seguir viendo afectada nuestra economía, sin ver jamás que mejoren la Educación, Salud, Seguridad, transporte público, el estado de las rutas provinciales. Nuestra provincia es pobre, insegura, y tiende a serlo cada vez más.
El desarrollo del conflicto Gobierno-agro dejó aún más al descubierto la realidad de que con fondos de los sectores productivos provinciales se financia clientelismo político y fuerzas de choque. Para el ciudadano es totalmente contraproducente la sensación de que con sus impuestos paga ese tipo de gastos, los cuales están en contra de su propia seguridad personal.
Estamos ante un Estado provincial ineficiente, carente de estrategia, sin vocación de crecimiento y sordo ante los reclamos ciudadanos. Pero la Provincia no es la misma que antes del 11 de Marzo: la conciencia creciente de que conviven dos provincias en una va a afectar procesos electorales futuros. Es esperable que el interior bonaerense ponga más cuidado en elegir un proyecto que contemple sus intereses.

Daniel Scioli, que es porteño, hace 9 meses accedió holgadamente a la gobernación de la Provincia, obteniendo el 53% de los votos tras una campaña electoral vacía. No ha estado defendiendo nuestros intereses y recursos, se ha opuesto deliberadamente a hacerlo.

Buenos Aires está entre las provincias que más fondos aporta a las arcas del Gobierno central, encargado de repartir a su arbitrio.
Los bonaerenses vivimos cada vez peor y los impuestos sólo aumentan, las reformas impositivas se votan sin debate ni consulta, casi a escondidas.
Debemos felicitarnos: producto de la participación de muchos, el 17 de Julio pasado venció el federalismo y la República en la votación en el Senado de la Nación, que presenciamos millones de argentinos. Pero no dejemos de ver que una semana más tarde, aún en pleno efecto Cobos, los llamados radicales K apoyaron al Gobierno Nacional y a Scioli, dando luz verde en el Parlamento provincial a esta reforma tributaria injusta.

Cierta batalla cultural continúa, en realidad recién ha comenzado.
Pareciera faltar un largo camino para que valoremos la necesidad de respetar ciertos principios y procedimientos que hacen más libres e igualitarios a otros países.

Publicado en Revista Sociedades Rurales región NO bonaerense, Agosto 2008

Y en La Opinión de Trenque Lauquen, lunes 28 de Julio 2008.

Mensaje en un día histórico: la Resol. 125/2008 herida de muerte

Por Magdalena Lutz, de Vicente López, Provincia de Buenos Aires.
AMIGOS DE LA LIBERTAD..

Sé que hoy todos vamos a decir cosas bastante parecidas.

Es bueno que así lo hagamos, que expresemos nuestros sentimientos.
Hoy es un día importantísimo para la vida democrática argentina. Estábamos desacostumbrados a ver actuar a los poderes del Estado como corresponde, con independencia. Y aún más desacostumbrados a ver que por primera vez en muchos años se respete la Constitución.
Anoche me fui a dormir con una sensación de amargura y tristeza, de inmensa tristeza al oír a De Angeli, quien no podía aguantar las lágrimas al creer que todo estaba perdido. Yo también lo creía. Y esta mañana la gran sorpresa, la alegría y la esperanza: el Senado rechazó el proyecto oficialista que confirmaba la Resol. 125/2008 de las retenciones confiscatorias.
Estuve como muchos de Ustedes en Rosario, anteayer en el monumento de los Españoles y manifesté, con mi cacerolita, en cuanto oportunidad se presentó.

Hoy doy gracias: no cayó en saco roto.
Debemos aprender de esta lección. Sentir que hemos madurado como pueblo, que empezamos a entender qué significa vivir en democracia. Y ahora viene la parte más difícil: trabajar para no perder lo que ganamos anoche.
Ningún gobierno -no importa su signo político- es dueño de un pueblo. Cuando votamos no entregamos un cheque en blanco. Entregamos un voto de confianza y vamos evaluando si ese gobierno va respondiendo ó no. Eso ocurre en los países que progresan. Y si hay que cambiar se cambia con el voto.

Por eso, pido que no tengamos memoria cortoplacista. Nuestra oportunidad de cambio es con el VOTO. Recordemos todo esto vivido, al votar. No olvidemos a Néstor en la Plaza ¿del amor? No la olvidemos a ella tratando de copiar a Eva Perón, reprendiéndonos permanentemente como si fuéramos sus siervos.
Espero que esta lección realmente cambié el rumbo de nuestra historia.
Hemos asistido y sido parte de un hecho histórico en donde un hombre Julio Cobos, Vice-Presidente de la Nación, nos dio esta madrugada una lección de coraje, nos mostró cuán importante es mantenerse fiel a las convicciones. "El corazón me dice que no. No puedo ir en contra de mis convicciones"
Desconocemos cuál será su futuro político, pero también deberemos cuidar ahora de él, para que el despotismo kirchnerista no lo destruya.

En un país serio, estas decisiones serían algo natural, parte del trabajo de ser Presidente del Senado. Pero esos valores son totalmente desconocidos para el kirchnerismo. Hay que tener los pantalones bien puestos para hacer lo que hizo Cobos. Muchos de los que estaban ahí sentados, si tienen un atisbo de vergüenza, deberían sentirse muy mal ya que vendieron la Patria, traicionaron a sus compatriotas solo por engrosar sus arcas personales o por un puesto.
Este hombre que todos creían que era un títere demostró con su carta primero y con su oposición de anoche, acompañando a la oposición, que tenemos esperanzas.
Ahora, amigos, a cuidar la democracia, sus instituciones, la República. Esto recién empieza y está en nuestras manos que el esfuerzo de todos no se diluya.
Nuestros hijos han vivido horas históricas de la Argentina y han visto salir a sus padres a las calles a defender la Libertad que esto se recuerde y no se pierda. Porque lo hemos hecho por ellos.

Mi agradecimiento también a todos los diputados y senadores de la oposición que han honrado sus bancas, especialmente y como militante mi felicitación a los legisladores de mi partido de quienes me siento muy orgullosa.
Un enorme abrazo para todos en un día de festejo y de reflexión profunda sobre todo esto que hemos vivido.

¡VIVA LA PATRIA!! ¡¡Arriba Argentina!!

Magdalena

Combatir los delitos de impacto social

Publicado en La Opinión de Trenque Lauquen, domingo 8 de Junio 2008
Y en Revista de las Sociedades Rurales región NO bonaerense, Julio 2008.
Por Eloisa Casarini

“En Argentina no hay estadísticas referidas a delitos y criminología”.
Lo dijo el propio Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Zaffaroni, esta semana en reunión de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación.
Y como no se realizan mediciones de los niveles de delincuencia que hay en el país, llaman la atención los informes de quienes sí nos miden desde el exterior.
Es imposible combatir la inseguridad que azota nuestras comunidades locales y provinciales sin contar con un diagnóstico certero que permita generar e instrumentar las herramientas eficaces.
La línea de pensamiento aplicada desde el Gobierno hacia las políticas relativas al combate del delito es contraproducente.
Esto se refleja en las leyes penales impulsadas por el oficialismo en el Congreso.

Algunas, como la relativa a trata de personas y a pornografía infantil, ya han sido sancionadas. Otras como la restauración de la figura del infanticidio (contra la tendencia mundial a sacarla de los códigos) y la despenalización de la droga, están en camino.
El reciente informe anual del Departamento de Estado norteamericano coloca a la Argentina dentro de la lista de aquellos países con graves problemas de tráfico de personas. Nuestro país es colocado reiteradamente (por tercer año consecutivo) en un nivel 2. Esto implica que la trata de personas aumentó, sin que se evidencien desde el Gobierno esfuerzos por combatirla.
Recordemos que la ley que tipifica ese delito quedó sancionada en Abril pasado en Diputados. Se trató del proyecto oficialista proveniente del Senado, que impone una pena de 3 a 6 años de prisión para el tipo básico de trata.
Desoyendo las voces de muchas Organizaciones No Gubernamentales que marcaron presencia desde el comienzo de las discusiones en comisión hasta la efectiva sanción en el recinto, la amplia mayoría oficialista en las Cámaras sancionó una ley que no va a combatir el flagelo.
Directamente relacionado con la trata de personas está el delito de pornografía infantil, tipificado en el artículo 128 del Código Penal.
Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó la propuesta (también proveniente del Senado) relativa a delitos informáticos, que incluye mención del delito de producción y tenencia de pornografía infantil.
Como en el caso de la trata de personas, esta figura quedó tipificada de forma insuficiente en cuanto a la descripción de las conductas y en cuanto al monto de las penas (6 meses a 4 años de prisión para quien produce, financia o comercializa pornografía infantil, contra la propuesta de diversas organizaciones, de llevarla a una escala de 4 a 8 años).
Considero que se debe tomar conciencia de que la producción, financiación, distribución, comercialización de pornografía infantil es un delito que debe ser no sólo condenado en grado extremo, sino también perseguido de forma eficaz, por la aberración que implica y porque ha cobrado un auge muy importante en los últimos tiempos.
La realidad indica que Argentina se ha integrado al negocio internacional de la pornografía infantil, así como ha servido de nexo y reproductor de material que es enviado desde otros países, especialmente Europa, región que se ve desbordada por la comercialización y el financiamiento de este tipo delictivo.
Con el impulso de nuevas tecnologías como Internet, los niños se enfrentan a una aberrante amenaza a su integridad física y psicológica. Se estima que cada año en el mundo, más de un millón de ellos son víctimas de la prostitución, la trata y la venta o bien, de utilización en pornografía infantil.
La producción del material que luego se difunde y comercializa, requiere de un proceso de violencia que comienza con el reclutamiento o conexión de los niños, continúa con el abuso durante la filmación o fotografía, se sustenta mediante la coerción de los explotadores sexuales hacia los niños y continúa durante todo el tiempo de circulación de la imagen.
No puede dejar de señalarse, una y otra vez, el funcionamiento deficitario de nuestro Poder Legislativo. Señal clarísima son los 270 Decretos de Necesidad y Urgencia autoría del Kirchnerismo. También lo es las decenas de proyectos de declaración y resolución que son objeto casi único de los dictámenes que salen cada semana de las comisiones del Congreso.
Pero también lo es, la línea de pensamiento que se sigue desde hace cinco años en relación a la legislación penal del país, directamente relacionada con el drama de la inseguridad. No se avanza hacia un diagnóstico certero porque no se realizan mediciones. Se niega el alcance de conductas delictivas que, de no combatirse seguirán corroyendo nuestro tejido social. Y se desconoce el objeto último de las políticas públicas, que es el bienestar de nuestras comunidades.